El exluchador de WWE, Ted DiBiase Jr., fue declarado no culpable de todos los cargos en su contra tras un juicio federal vinculado al mayor escándalo de malversación de fondos públicos en el estado de Mississippi.

El veredicto fue emitido luego de aproximadamente cuatro horas de deliberación por parte del jurado, poniendo fin a un proceso judicial que se extendió por años y que mantenía al exdeportista enfrentando múltiples acusaciones, entre ellas fraude electrónico, conspiración y lavado de dinero.

El caso se originó a partir de una investigación sobre el uso indebido de recursos del programa de asistencia social conocido como Temporary Assistance for Needy Families (TANF). Según la fiscalía, millones de dólares destinados a familias vulnerables fueron desviados hacia proyectos personales y organizaciones que no cumplían con los fines establecidos por la ley. Dentro de ese esquema, DiBiase Jr. fue acusado de haber recibido pagos por servicios que, de acuerdo con la acusación, no se habrían realizado de manera efectiva.

Durante el juicio, la defensa del exluchador sostuvo que no existían pruebas concluyentes que demostraran intención delictiva ni participación consciente en un fraude. Los abogados argumentaron que su cliente actuó bajo asesorías externas y dentro de marcos contractuales que, si bien pudieron ser cuestionados, no constituían delito. Esta línea logró instalar dudas razonables en el jurado, lo que resultó determinante para el fallo absolutorio.

DiBiase Jr., hijo del histórico luchador Ted DiBiase Sr., había mantenido un perfil bajo desde su retiro de la lucha libre profesional, mientras avanzaba el proceso judicial. Su caso era el único que llegó a juicio dentro de esta trama, ya que otros involucrados optaron por declararse culpables en etapas previas.

El fallo no invalida la existencia del escándalo ni las condenas de otros implicados, pero sí establece que, en el caso específico del exluchador, la fiscalía no logró acreditar su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable.

Con este veredicto, se cierra uno de los capítulos más mediáticos del caso, aunque las repercusiones políticas y judiciales del desvío de fondos en Mississippi continúan en desarrollo.